El Gobierno se niega a reunirse con la Junta por Doñana: «No negociamos ilegalidades»

El Gobierno se niega a reunirse con la Junta de Andalucía para hablar de Doñana por el momento. Pese a la mano tendida del gobierno andaluz el Ejecutivo del PSOE y Podemos prefiere seguir instalado en la bronca para usar la polémica a modo electoral. Así lo ha manifestado este martes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La número cuatro del Ejecutivo se niega a hablar con el gobierno de Juanma Moreno, hasta que no entierren su proposición de ley de regadíos ya que, según ella, «nosotros no negociamos ilegalidades. Una posición muy distinta a la de Bruselas que, a diferencia del Gobierno, sí ha mostrado su disposición a estudiar las explicaciones de la Junta.

Ribera ha señalado que tan pronto como se retire dicha proposición que tramita el Parlamento andaluz, el Gobierno estará «encantado» de poder trabajar con la Junta de Andalucía sobre el entorno de Doñana. «Estamos esperando», ha enfatizado la ministra para la Transición Ecológica que ha pedido a Moreno no «tontear» con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa es «muy serio» y «nos puede costar mucho dinero a los españoles».

«Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades» ha repetido la vicepresidenta tercera. En su opinión, «el presidente Moreno Bonilla conocía perfectamente la ilegalidad de esta situación y no hizo ninguna alegación al plan hidrológico del Guadalquivir, que es donde se establecen los volúmenes de agua de superficie que podían venir desde los Tinto, Odiel, Piedras y desde el Guadiamar y el Agrio para satisfacer esa necesidad de reducir la presión de los regadíos y los consumos legales», ha sentenciado.

Ribera ha explicado que frente a ninguna alegación, el Gobierno se encontró con esta proposición de ley registrada «al margen de cualquier requerimiento o cualquier compatibilidad con la sentencia condenatoria del Reino de España». La ministra dice haber hablado «en reiteradas ocasiones» sobre esta situación con el presidente de Andalucía y que el secretario de Estado de Medio Ambiente también había alertado al consejero correspondiente de que era «inviable». Por el momento no se espera ninguna llamada de Pedro Sánchez a Moreno para hablar del tema.

«Tan pronto se retire esta proposición que tanto daño está generando a la imagen de España y sus agricultores no tendremos ningún inconveniente en hablar» ha dicho Teresa Ribera. «Es más, creo que es importante hacerlo porque creo que la situación de sequía cada vez más recurrente, la fragilidad del espacio cuya custodia corresponde a la Junta, la sensibilidad de las comunidades locales próximas y la necesidad de diversificar la actividad económica en la zona de influencia del parque, hacen imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones», ha insistido la ministra. Una colaboración que por ahora no es recíproca ante la negativa de Moncloa.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, a modo de bronca al gobierno andaluz, ha recalcado que cuando el Gobierno presentó el marco de actuaciones de Doñana, la Junta de Andalucía expresó su voluntad de aportar a ese marco de actuaciones en el ejercicio de sus propias competencias. «Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la UNESCO y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ellos», ha zanjado.